Los tres escenarios posibles del impuesto hipotecario

En un tiempo muerto, a la espera de lo que decida finalmente el Tribunal Supremo el 5 de noviembre sobre en qué parte recae el impuesto de las hipotecas, si sobre las entidades bancarias o sobre el cliente bancario, el panorama es de lo más diverso. Varias asociaciones de consumidores y usuarios recomiendan reclamarlo cuanto antes a la Hacienda local pero son muchos también los abogados especializados en derecho bancario que consideran que es un sinsentido.

 

La sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que se conoció el pasado 19 de octubre (es plenamente vigente), por la que el impuesto debe ser abonado por los bancos, y que quedó en suspenso un día después, ha dejado tres escenarios posibles en función de la aplicación o no de su retroactividad.

 

Reclamar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a la Hacienda autonómica:

 

Es uno de esos tres escenarios que más “suenan” e igualmente es una de las recomendaciones de asociaciones de consumidores que más se han escuchado en los últimos días. Facua, por ejemplo (y también la OCU y Adicae) recomienda cubrirse las espaldas y reclamar a la Agencia Tributaria de la comunidad autónoma el Impuesto y los intereses de demora.

 

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IRPH: ni más estable que el Euribor ni más barato. Otra moto que los bancos vendieron a sus clientes

 

Para darse una idea de la desventaja del IRPH frente al Euribor basta un ejemplo: en febrero de 2012 el IRPH estaba en un 3,373% y el Euribor, en un 1,678%, lo que significa una diferencia de intereses variables del 1,695%. En enero de 2018, la diferencia era del 2,127% (IRPH= 1,938% frente al -0,189% del Euribor).

 

El iRPH alcanzó su máximo mensual en septiembre de 2008. Este referencial se situó nada menos que en el 6,265%. El Euribor tocó techo también ese año, en el mes de julio, con un valor del 5,393%

 

Hasta que el Tribunal Europeo (TJUE) se pronuncie (lo que se espera que sea antes de que acabe el año) son cientos los juzgados españoles que, en primera instancia, ya han considerado esta cláusula como abusiva, pese a que el Tribunal Supremo en noviembre de 2017 la dio por válida y transparente, en un nuevo respaldo a la banca. Ahora se ha sumado la Audiencia de Las Palmas, que ha dejado en suspenso todas los pleitos frente a la banca por causa del IRPH.

 

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El TS aclara este 28 de febrero si los gastos hipotecarios deben o no abonarlos los bancos en su totalidad

  • El Supremo matizará en una sentencia si corresponde a las entidades financieras satisfacer el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados o debe recaer sobre el cliente hipotecario. 
  • Una sentencia de 2015 de la Sala de lo Civil consideró nulas por abusivas las cláusulas que obligan a los clientes bancarios a pagar todos los gastos de una hipoteca
  • Diez de las dieciocho audiencias provinciales españolas fallan a favor de los consumidores.

El Tribunal Supremo dará a conocer este miércoles, 28 de febrero, la sentencia en la que aclara si son los bancos o los clientes quienes deben abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de una hipoteca. Se trata del mayor gasto, con una media de entre 900 y 2.500 euros, que hasta ahora han tenido que afrontar los consumidores al firmar un crédito hipotecario. 

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Los juzgados para cláusulas suelo (y otros abusos), en el aire a partir del 1 de enero

Los juzgados especializados en demandas por cláusula suelo y otras condiciones financieras en las hipotecas tienen su futuro en el aire. Fueron creados el 25 de mayo pasado, con entrada en funcionamiento del 1 de junio hasta el 31 de diciembre. Ahora le toca al Poder Judicial, gobiernos regionales y comunidades autónomas acordar su prórroga, lo que se debatirá a partir de lunes, 13 de noviembre.

 

Los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial en septiembre pasado revelaban que en los 54 juzgados provinciales creados para conocer llos litigios por abusos bancarios en contratos hipotecarios se habían ingresado ya 57.068 demandas. Dado el ritmo actual, la cifra ya debe superar las 70.000 causas.

 

El atasco judicial es absoluto, pero fuentes judiciales (de Santa Cruz de Tenerife) consideran que sería mayor el problema si esas mismas demandas debieran repartirse entre los demás juzgados de Primera Instancia, aparte de que se retrasarían otras causas urgentes, como las relacionadas con Familia.

 

No era de extrañar una avalancha de litigios frente a la banca, no ya por cláusula suelo, sino también por otras condiciones que sentencias del Tribunal Supremo (y miles de sentencias posteriores) han establecido como abusivas en los contratos hipotecarios: comisión de apertura, vencimiento anticipado, gastos de constitución de la hipoteca, y comisiones de demora.

 

Estos juzgados para demandas contra a la banca corren diferente suerte según al comunidad autónoma de la que dependan y según tengan las competencias sobre Justicia transferidas o no: los hay con siete funcionarios y los hay con solo cinco. Pero además, es el Ministerio de Justicia el que abona los salarios de los/las jueces en todos los casos.

 

Se sabía que tras la sentencia del Supremo de mayo de 2013 miles de personas reclamarían por las condiciones de su hipoteca. Los dictámenes del Banco de España fueron esenciales a lo largo de 2014 para plantear con garantías una demanda. Tanto fue así que el banco de España se sintió desbordado y necesitó de una empresa externa, Deloitte.

 

Esas demandas se han multiplicado sin necesidad de la opinión del BdE. Demasiado tiempo de espera, hasta seis meses, para una resolución que encima no es vinculante. El mecanismo establecido por el Gibierno en enero de 2017 para atender las reclamaciones en la vía extrajudicial no era necesario, ya que existía un reglamento de atención al cliente creado por la Unión Europea para las reclamaciones extrajudiciales.

 

Pero ese plazo se amplió un mes más, de dos meses según el Reglamento a los tres meses del RD 1/2017 para obtener las mismas respuestas de los bancos: “en su caso...no”: Sin duda, las previsiones se han visto claramente superadas.

 

“El problema es que no hay plan B para dar respuesta a esta avalancha de litigios frente a la banca. Hace unos días hubo una reunión de jueces decanos y muchos coincidimos en la necesidad de dar estabilidad a estos juzgados, dotarlos de los medios que haga falta”, afirma el juez decano de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis de Lorenzo Bragado.

 

Para muestra, un botón: en el juzgado de la provincia tinerfeña apenas se han dictado 40 sentencias de los más de 3.000 litigios por abusos bancarios ingresados. “Cuarenta sentencias dictadas desde que inició la medida el 1 de junio no es lo óptimo pero tampoco se pueden hacer maravillas. No se puede pretender que haya una respuesta inmediata porque los plazos procesales son los que son”, recalca el juez decano de Santa Cruz de Tenerife.

Una financiera pierde una demanda por no haber notificado que había comprado la deuda

Reclamaba 3.593,60 euros más intereses de una deuda derivada de una tarjeta Barclayscard, pero la entidad financiera Estrella Receivables Limited ha perdido la demanda de esa reclamación de cantidad, y ha sido condenada al pago de las costas procesales, por no haber acreditado al deudor que había comprado esa deuda.

 

Es una sentencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Icod de los Vinos, fechada en Tenerife el 14 de noviembre de 2016, y defendida por la abogada de Legalaria, Ágora Rosales Merenciano.

 

Estrella Receivables Ltd, un “fondo buitre” creado en Dublín en 2014, cuya principal actividad es adquirir deudas a bajo precio, no solo demandó a una vecina de Icod por la cantidad que se le había otorgado en el crédito de la tarjeta, sino que añadió los intereses y las costas procesales, calculados en otro 30% de esa cantidad.

 

Sin embargo, la demanda fue desestimada no por el posible carácter abusivo de los intereses, sino porque, aunque la compra de la deuda era válida y para efectuarla no se necesita el consentimiento de la persona deuda, esa compra jamas fue notificada ni por ´la financiera que la vendió (Barclays), ni por la financiera que la compró.

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